Por: Álvaro Céspedes Q.*
La situación de crisis que estamos atravesando a nivel
global debido a la pandemia del COVID-19 ha develado el agotamiento de la
crisis civilizatoria, los modos de consumo y producción que han ido arrasando
con los recursos del planeta y han derivado en desequilibrios ambientales que están
relacionados con la crisis epidemiológica del COVID-19. Se puede advertir que
la crisis epidemiológica no es un grado más de la crisis ambiental, es el punto
más crítico de la crisis ambiental[1].
Este momento que surcamos como humanidad proporciona una oportunidad de
transformación, de construir nuevas relaciones más armónicas con la naturaleza
que no estén definidas por la dominación y explotación utilitaria de recursos
de la madre tierra, o seguir la incesante inercia social bajo el modelo de
producción y consumo que nos impone el capitalismo, con sus visiones de
desarrollo, progreso y modernidad, que están llevando a una terrible catástrofe
socioambiental planetaria, la cual se vislumbra en la crisis climática global y
próximas pandemias que transitaremos.
También es importante destacar que esta crisis es “múltiple,
generalizada, multifacética e interrelacionada, además de sistémica. Nunca
afloraron tantos problemas simultáneamente, que rebasan lo sanitario, mostrando
efectos en lo político, económico, ético, energético, alimentario y, por
supuesto, cultural” (Acosta: 2020). En el campo político esta crisis esta
provocando que las elites políticas y las clases dominantes aprovechen este
momento de desarticulación y desorganización (aparente) de la sociedad civil, para
promover políticas antipopulares que profundizaran las desigualdades
socioeconómicas en gran parte de los territorios de la región en Latinoamérica
y el planeta. Así mismo, el impacto de la pandemia en los sistemas políticos y
la democracia en los países del mundo esta derivando en el auge de gobiernos
autoritarios que bajo el discurso de la emergencia sanitaria utilizan
discrecionalmente el ejercicio de la fuerza y la represión estatal para
justificar la implementación de estas reformas.
Este fenómeno se ve reflejado en las prácticas
gubernamentales que viene desarrollando el actual gobierno de transición en Bolivia,
por un lado, de implementación de reformas orientadas a favorecer a sectores
empresariales nacionales y transnacionales en desmedro de la salud, la
soberanía y seguridad alimentaria de la sociedad boliviana y, por otro lado, un
fuerte componente de uso de la violencia, a través, de las fuerzas del orden.
Aunque es importante resaltar que el ejercicio desmedido de esta violencia
estatal no surge de la crisis del COVID-19, sino es constitutivo en el proceso
de consolidación de este gobierno[2].
Por otra parte, la aciaga gestión de la crisis sanitaria de
este gobierno, que deriva en la crisis económica que vive el país, está
acompañada de inoperancia en la gestión pública, desconocimiento de la realidad
económica y en hechos de corrupción que están limitando las inversiones en este
estado de situación[3]. En
consecuencia estas acciones se están viendo reflejadas en la incapacidad para administrar
adecuadamente esta crisis que está engendrando focos de protestas sociales en espacios
urbanos y rurales del territorio nacional, donde el encierro domiciliario es
insostenible para la supervivencia de estas poblaciones de bajos ingresos económicos,
que en última instancia tienen como opción, o morir por el virus o morir de
hambre.
En este escenario problemático las políticas asumidas por
el gobierno transitorio tienden a profundizar la crisis en vez de mitigarla. Añez
y representantes del agro negocio boliviano en palacio de gobierno aprobaron el Decreto Supremo N° 4232 el
pasado 8 de mayo de 2020, el cual autoriza establecer procedimientos abreviados
para que el Comité Nacional de Bioseguridad evalúe en 10 días en primera
instancia (hasta el 17 de mayo) y a partir de múltiples protestas suscitadas, definen
ampliar el plazo a 40 días. Este decreto contempla la producción de 5 cultivos transgénicos,
maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya destinados al abastecimiento del
consumo interno y comercialización externa[4]
El marco institucional en Bolivia para que empresas e
instituciones puedan desarrollar la implementación de semillas transgénicas en
cultivos agrícolas, está establecido en
Ley 1580 del 20 de Julio de 1994 y reglamentado en el Decreto Supremo
24676 del 21 de Julio de 1997. Dentro de
esta reglamentación, el Comité Nacional de Bioseguridad es un Comité Asesor
conformado por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Desarrollo
Rural y Tierras, Desarrollo Productivo, Salud y representantes del sistema
universitario. Este comité mediante un proceso evaluación definirá, con “estudios
en campo”, si pueden o no ser aplicados estos cultivos en el país. Aunque hay
que destacar que este Comité de Bioseguridad está compuesto por funcionarios de
estos Ministerios, los cuales se cambian frecuentemente y poseen filiación
política[5],
este aspecto sesga la objetividad al informe que emitirá dicho comité.
Las decisiones gubernamentales de proceder a la implementación de semillas transgénicas en
Bolivia no datan como antecedente en el decreto aprobado por el gobierno de
Añez. Hay que mencionar algunos eventos en los últimos gobiernos que estuvieron
en sintonía con políticas vinculadas al modelo del agronegocio soyero. El año
2005 “el gobierno del presidente Carlos Mesa aprobó la producción y
comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato. Para
ello tuvo que pedir a la policía que desaloje a periodistas y representantes de
organizaciones campesinas que se hicieron presentes en el Ministerio de
Desarrollo Sostenible, durante la reunión del Comité de Bioseguridad, entidad
responsable de tal aprobación” (Observatorio Cambio Climático y Desarrollo, 2015).
El Gobierno de Evo Morales no fue una excepción a la
norma, éste no dudó en abandonar la agenda de la madre tierra y el vivir bien para enfrascarse en la lógica del
extractivismo de los recursos naturales y el extractivismo agrario como
componente estructural del Nuevo Régimen Agroalimentario Mundial[6].
Un indicador de estas acciones se pueden observar en las relaciones de pugna
política y oposición que estableció en el primer periodo de gestión de gobierno
(2006-2009) con estas elites políticas y económicas cruceñas afines a la
agroindustria; estas pueden ser comparadas en un segundo periodo de gobierno
donde se establece “una aparente alianza iniciada entre los años 2013 y 2014”
(Economía Bolivia, 2013; Ortiz, 2013 citado en Mckay 2018). Desde este momento
se vio a Morales participando de reuniones y eventos con las asociaciones que
representan a la agroindustria, como son la Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y la Cámara
de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).
Las buenas relaciones que establecieron Morales con el
empresariado agroindustrial cruceño derivaron en políticas que favorecieron a
este sector; como promover la ampliación de la frontera agrícola “en 250.000
hectáreas adicionales a las 1.300.000 hectáreas que ya tienen actividad con el
sembradío de soya transgénica desde el año 2004” (Erbol, 2020). “Además de
intensificar la generalizada extracción de los recursos naturales, es decir, no
solo gas y minerales, sino de productos agropecuarios […] Este modelo extractivista y latifundista no
solo devasta la naturaleza sino que socava las bases institucionales y
democráticas de la sociedad boliviana” (Urioste, 2018: 5-6 citado en McKay, 2018).
La ampliación de la frontera agrícola para producción de
soya transgénica, fue acompañada de la “autorización de forma excepcional al
Comité Nacional de Bioseguridad evaluar y aprobar el uso de los “eventos
transgénicos” soya HB4 y soya Intacta Pro para su uso en la producción de
biocombustibles y le dio un plazo de 60 días” (Opinión, 2020). En ese sentido,
el Decreto Supremo N° 3874 aprobado por Morales el 18 de abril de 2019 intentó
implementar nuevos eventos transgénicos, aplacados en su momento por múltiples
protestas sociales que impidieron su progreso.
Lo que se distingue de estas gestiones gubernamentales,
sean tendientes al liberalismo o progresistas, es que sin distinción alguna,
han dado lugar a que el modelo agroindustrial se consolide en una alianza
capital-Estado. En el periodo del MAS le permitió tener el control sobre el
aparato estatal (lo que también se repite con el gobierno de Añez) y en
relación al “sector agro-capitalista conservar el control sobre el complejo
soyero” (Ídem, 2018). Lo que se evidencia es un continuum en la política
agraria extractivista, Morales con su retórica contradictoria de Revolución
Agraria, Soberanía Alimentaria y ley de la Madre Tierra, ahora Añez en
asociación con el empresariado cruceño, pretenden introducir la producción de
semillas transgénicas bajo el pretexto de robustecer la seguridad alimentaria en
el país y generar mayor crecimiento económico. Aunque hay que subrayar que por
el contrario a este criterio, la situación del agronegocio soyero tiene grandes
problemas, uno de ellos es la viabilidad económica de este modelo[7],
este argumento tiene una base bien sustentada en trabajos de investigación y
estudios sobre el complejo soyero en Bolivia.
Partiendo de la tesis que este modelo está en crisis en
Bolivia por diversidad de problemas que presenta en su estructura de
acumulación y las externalidades que genera, se expone a continuación algunos elementos
que sostienen dicha afirmación[8].
El agro negocio carece de capacidad para industrializar la soya que produce,
porque lo que en realidad exporta es materia prima semiprocesada en grandes
volúmenes y por tanto no agrega valor a su producción. La ausencia de este componente
es el que desencadena en las desarticulaciones intersectoriales complementarias
que deberían estar insertadas en el procesamiento industrial, así mismo, la
manufactura crea empleos mediante esta vinculación intersectorial, la soya
semiprocesada que se exporta no produce estas articulaciones.
Este modelo extractivista produce alta concentración en
la cadena de valor, donde la mayoría de los componentes de esta cadena no se
producen en Bolivia. El 70% de la tenencia de la tierra está en manos del 2 %
de propietarios medianos y grandes, tener el control de la tierra significa
tener el control sobre el elemento de producción donde se realiza la soya y la
plusvalía. Solo 4 empresas extranjeras[9]
controlan el 85% del mercado de soya en Bolivia y los insumos como semillas,
maquinarias y agro-químicos que deben ser importados de China, Brasil y otros
países. Por tanto, es un modelo altamente dependiente del agronegocio
transnacional, donde la mayor parte de beneficios económicos ni si quiera se
quedan en el país.
En términos ambientales la producción de soya de base
transgénica origina severas consecuencias como daño de suelos, deforestación
indiscriminada, pérdida de biodiversidad,
disminución de la fertilidad, erosión de los suelos y contaminación de
las fuentes de agua. “Desde la legalización de las semillas transgénicas, la
cantidad de agroquímicos utilizados en la producción ha superado con creces a
la superficie cultivada. […] Además que producen nuevos tipos de malezas y
plagas que amenazan sus cultivos, por lo que
requieren nuevos tipos de herbicidas y pesticidas”. (Ídem, 2018). Estas
condiciones afectan principalmente a los pequeños productores soyeros que por
falta de maquinarias, insuficiencia económica para comprar semillas de calidad
y agroquímicos, sumados a la ubicación y calidad de las tierras que poseen,
hace que se encuentren en menor capacidad de producir y competir en las mismas
condiciones que los grandes productores de soya. Igualmente la degradación
ecológica y erosión que sufren estos suelos, consolida un sistema de ocupación
constante y progresivo de nuevas tierras para la agroindustria, que impulsa la
expansión de la frontera agrícola hacia áreas protegidas y territorios
indígenas de forma ilícita[10].
En definitiva el modelo agroindustrial de base
transgénica es depredador en esencia y no puede ser sustentable “cuando no
puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que produzca la escasez
de recursos existentes. Además, conduce a una generalización de la pobreza y crisis
económicas recurrentes” (Acosta, 2011: 87). Esta aseveración se aplica a los
procesos de deforestación, que no solo están provocando pérdida de la
biodiversidad o efectos ambientales adversos en estos espacios, también derivan
en impactos que se producen en las comunidades indígenas que dependen del
bosque para su sustento. Los pueblos indígenas de Lomerío, Guarayo e Isoso son los
más afectados, puesto que se encuentran alrededor de la expansión de la
frontera agrícola soyera; bajo estas condiciones, condenados a la pobreza y en
un futuro abandonar sus territorios destruidos por el desarrollo
agroindustrial.
Por otra parte, no existen muchas oportunidades laborales
que el agronegocio pueda aportar al país. Esta forma de producción al ser
mecanizada requiere menos fuerza laboral, además, de estar inserta dentro de
una economía desarticulada sectorial y socialmente. Según un estudio realizado
por la Fundación Tierra el sector agropecuario solamente emplea 32.000
personas, dato abismal que se contrasta frente al criterio que defiende la
agroindustria, el cual dice aportar al país con 1.000.000 de empleos directos e
indirectos[11].
Un último aspecto que hay que considerar, a partir de los
argumentos que se despliegan de las voces que surgen de este sector, que hablan
de los grandes beneficios económicos que la agroindustria aporta al país por
concepto de renta o tributos fiscales provenientes de la exportación de soya. Es
necesario esclarecer que “en Bolivia el Estado no recibe un solo centavo como
impuesto específico gravado al extractivismo agrario, ni ingresos del impuesto
a la propiedad de la tierra de los grandes terratenientes[12]
y, lo que es peor, en la última década las importaciones de alimentos se han
casi triplicado. […] Al contrario, el Estado subvenciona el “modelo” a través
de los subsidios a los combustibles, la construcción de carreteras, la ausencia
de una regulación laboral que defienda los intereses de los trabajadores
agrícolas asalariados – que en la práctica equivalen a los peones de antes de
la reforma agraria de 1953” (Urioste, 2018: 5, citado en McKay, 2018). Se debería continuar dando
concesiones y beneficios a un modelo que en vez de traerle beneficio al país,
le trae grandes problemas, bajo estas evidencias ¿no cabe más bien echar por la
borda este modelo agro-extractivista?.
*Sociólogo, actualmente es Técnico del Centro
Latinoamericano sobre Población (CELAP), coordinador y docente del posgrado de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón.
[1] Enrique Leff en los conversatorios organizados por CLACSO el 14 de mayo
de 2020, sobre Ecología Política de las pandemias, Cuarto Conversatorio, alternativas
poscovid: agroecología, educación ambiental y territorios en r-existencia.
Afirma que la humanidad al haber sido arrastrada por un modo de comprensión del
mundo y que ha derivado en un modo de intervención, pero de intervención
drástica, totalitaria y brutal, una intervención sobre los cursos de la vida. La
crisis epidemiológica ha sido la liberación de los virus, que han estado
hospedados por células de organismos vivos por tanto tiempo como ha habido vida
en el planeta. No es un fenómeno natural, aquí hay un fenómeno de los modos y
del grado de intervención de la humanidad, por lo que se volvió el modelo o
régimen ontológico dominante-hegemónico, que es el motor de la historia, es
decir, el régimen del capital.
[2] El ejercicio de
la fuerza por parte del gobierno de transición se ha ido manifestado desde los
acontecimientos ocurridos en noviembre de 2019, tras la llegada de
Áñez a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, se produjeron las
masacres en las localidades de Sacaba (Ciudad de Cochabamba) y Senkata (Ciudad
de El Alto), donde los habitantes de
estas localidades fueron reprimidos por fuerzas militares y policiales, dejando
un saldo de 37 muertos y 500 heridos.
[3] En estos seis meses de gestión se han desatado innumerables hechos de
corrupción en distintos ministerios. Los hechos de corrupción que tuvieron
mayor repercusión: (1) En Entel casos referidos a los finiquitos, aumento de
salarios y compra con sobreprecio de fibra óptica, (2) En relación a YPFB el
sobreprecio en la compra de diésel, sobreprecio en almuerzos de trabajadores y
seguro por millones de dólares, (3) venta de cargos en ministerios, (4) uso
indebido de bienes del Estado, (5) compra de respiradores para hospitales con
un sobreprecio de cuatro veces el valor de su costo en el mercado y que no
tienen mucha utilidad para pacientes que ingresan en terapia intensiva. Estos
son algunos de los casos más llamativos que fueron denunciados en medios de
comunicación y por ciudadanos en redes sociales.
[4] En una perspectiva irresponsable pretenden introducir en el consumo
alimentario de las familias bolivianas productos transgénicos como el trigo o
el maíz. En el caso del trigo, siendo el segundo cultivo básico y más sembrado
a nivel global, ningún país se ha atrevido a aprobar la producción y
comercialización de trigo transgénico por ser un producto de consumo diario y
de primera necesidad de las familias, lo cual podría conducir graves problemas
a la salud de sus poblaciones.
[5] Algunos representantes de los Ministerios que conforman actualmente el
Comité Nacional de Bioseguridad tienen una estrecha vinculación con el
empresariado cruceño. Oscar Ortiz, actual ministro de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, fue exgerente de Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO);
Beatriz Eliane Capobianco, actual ministra
de Desarrollo Rural y Tierras, ex-asesora de la Asociación
de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), así como también fue la asesora de
la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ).
[6] Modelo que rompe
la relación de unicidad entre hombre-suelo-herramienta-identidad-cultura […] El
agroextractivismo como agricultura dominante y en expansión en el mundo, y
ahora en Bolivia, funciona en redes con múltiples actores, financieros científicos, tecnológicos, productivos,
comerciales y políticos, y miles de millones de consumidores de commodities
transformados industrialmente en alimentos procesados (Urioste, 2018: 5, citado
en McKay, 2018).
[7] La capacidad de productividad agrícola de la agro industria cruceña es
la más baja de la región, 3.000.000 de toneladas métricas año, está muy por
debajo comparados con el agronegocio soyero de países como Paraguay 9.400.000
toneladas métricas año, Argentina 57.000.000 toneladas métricas año y Brasil
107.000.000 de toneladas métricas año, datos correspondientes
alobservatoriosoja.org periodo 2016. Este factor determina la baja
competitividad en el mercado internacional, adicionalmente a que la soya
semiprocesada que exporta la agroindustria cruceña disminuye el valor económico
de los ingresos que podría recibir si se industrializan estos procesos.
[8] Ben Mckay en el
libro Extractivismo agrario: Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en
Bolivia y en la Memoria de la Conferencia 2018: Madre Tierra. La agenda abandonada,
causas y consecuencias, el autor define cuatro características de este modelo extractivista
de agricultura capitalista, características de un modelo en crisis que se
desarrollaran en las siguientes líneas.
[9] Acción por la Biodiversidad en el Atlas del Agronegocio transgénico en el Cono Sur,
señala que las transnacionales propietarias de las semillas que monopolizan este
negoció en el mundo son Bayer-Monsanto (44%), Syngenta (17%), Dow (17%) y
Dupont (16%) y otras (6%).
[10] Con un incremento del 200% de
deforestación desde 2015, el país experimenta un vertiginoso viraje de régimen
forestal a régimen agrario. La mitad de la deforestación se hace de manera
ilegal. Santa Cruz es el departamento que pierde más bosque. (Méndez, 2019).
[11] Los tiempos. Transgénicos: ¿Problema o solución? Debate realizado el
pasado 14 de mayo de 2020 entre el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano y el director de la Fundación Tierra,
Gonzalo Colque.
[12] El sector agroindustrial mediano y grande, está sujeto al Régimen
Agropecuario Unificado, el cual establece la base imponible a partir de la
superficie afectada a la actividad agrícola o pecuaria, debiendo pagarse las
cuotas fijas por hectárea cada año, hasta la gestión 2015: 26,44 bolivianos por
hectárea para actividad agrícola y 1,94 bolivianos por hectárea para actividad
pecuaria.
Referencias bibliográficas
ACCION POR LA BIODIVERSIDAD. (2020). Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. Ed. Misereor, Buenos Aires-Argentina.
ACOSTA Alberto. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Más allá del desarrollo. Ed. Fundación Rosa Luxemburgo, Quito-Ecuador.
ACOSTA Alberto. (2020). Reecuentro con la Madre Tierra: tarea urgente para enfrentar las pandemias, en Diario El Salto.
CEDIB. (2017). Los organismos genéticamente modificados y los agrotóxicos, Diario El Deber.
ERBOL. (2020). FUNDACIÓN TIERRA, Denuncian “descarada” privatización de tierras fiscales en favor del agro cruceño.
LOS TIEMPOS. (2020). Transgénicos: ¿Problema o solución?
OPINIÓN. (2020). ¿Qué respondieron Evo y Áñez a los pedidos de evaluar semillas de soya transgénica?
MCKAY M. Ben. (2018). Extractivismo Agrario, dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. Fundación Tierra, La Paz-Bolivia.
MENDEZ Carolina (2019). Con 200% de deforestación, Bolivia cambia bosques por la agroindustria. Diario Página Siete.
OBSERVATORIO CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO. (2015). 7 datos que debes saber sobre los transgénicos en Bolivia.
https://obccd.org/2015/04/21/7-datos-que-debes-saber-sobre-los-transgenicos-en-bolivia
TIERRA (2019). Memoria Conferencia 2018: Madre Tierra. La agenda abandona, causas y consecuencias. Ed. Fundación Tierra, La Paz-Bolivia.
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