POR: ESTEBAN ELMER CATARINA
MAMANI*
Durante las últimas semanas,
la problemática de los bolivianos migrantes varados en la frontera con Chile ha
llamado la atención de la comunidad internacional. En Bolivia se continúa
cuestionando, censurando y estigmatizando a estos connacionales, con una mirada
prejuiciosa y desmedida sin conocer su realidad, ni su situación migratoria en
el vecino país.
Primero, se debe tener una noción clara sobre el aporte de la comunidad
boliviana que radica en Chile. Según datos del Banco Central, estos migrantes
envían cada año remesas por un valor cercano a los $us 130 millones. Se trata
del tercer monto de este tipo en favor del país, después de España y Estados
Unidos. En Chile viven 120.103 bolivianos, según datos del Departamento de
Extranjería de aquel país, y el 70% de ellos trabaja en el norte chileno.
La pandemia ha impulsado el retorno masivo de estos compatriotas
procedentes de Chile, el tercer país de América Latina con más casos de
COVID-19. La crisis sanitaria ha paralizado el sector productivo chileno. Razón
por la cual, los bolivianos que trabajaban de forma temporal o de manera
informal quedaron desempleados y sin recursos económicos para sustentarse en un
país cuyo costo de vida es muy elevado. Esta situación de vulnerabilidad,
sumada al temor de afrontar la pandemia lejos de sus familiares, motivó su
retorno a Bolivia.
En el municipio chileno de Colchane, en la frontera con Bolivia, había
muchos niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, quienes
tuvieron que dormir a la intemperie durante varios días, soportando hambre y
temperaturas bajo cero grados. Así lo manifestó la jefa regional del Instituto
Nacional de Derechos Humanos de Chile de Tarapacá, Lorena de Ferrari. “A juicio
nuestro, estamos frente a una crisis humanitaria de personas que no han
recibido ningún tipo de ayuda”, señaló la autoridad. A su vez, aquellos
compatriotas lamentaron que el consulado de Bolivia no les haya brindado apoyo
ni protección, conforme indica la Ley de Servicio Exterior de Bolivia 465. El
gesto humanitario del alcalde chileno aminoró en algo esta tragedia
humanitaria.
Con Chile se comparte una vasta frontera de 861 kilómetros. Si bien es
cierto que los bolivianos varados en el exterior aún esperan la respuesta del
Estado para cumplir los protocolos sanitarios de ingreso y la correspondiente
cuarentena, existen riesgos si se prolonga el cierre de las fronteras, como
bien ha advertido portavoz de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) de la ONU, Joel Millman, al alertar que el cierre de frontera
incita a la habilitación y el empleo de “cruces clandestinos”. Lo cual pude
“tener un impacto mayor que una migración regular y ordenada en estos momentos
en todos los países”.
Por otro lado, se conoce que el paso fronterizo de Tambo Quemado está
habilitado para el ingreso de carga internacional, y que en el transcurso de
una semana ingresaron al menos 1.000 camiones procedentes de Arica. Seguramente
esos 1.000 conductores siguieron un protocolo y entraron en cuarentena.
Entonces se debería aplicar este mismo trato a los migrantes que buscan cruzar
el paso fronterizo Pisiga – Colchane. ¿O será que un contenedor de carga vale
más que una vida humana? El Gobierno transitorio no puede continuar con esta
indolencia, y seguir politizando la crisis humanitaria que se vive en la
frontera. Se debería limita a cumplir lo que establece el Art 21 de la
Constitución Política, la Ley de Migración 370 y el protocolo sanitario para
enfrentar la actual pandemia. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
la ONU ya se pronunció al respecto, instando a todos los gobiernos a que dejen
ingresar a sus ciudadanos, conforme al mandato establecido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Actualmente se tienen solicitudes de retorno
desde México, Alemania, Argentina, Brasil, etc.
*Ingeniero mecánico, especialista en finanzas internacionales.
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