sábado, 13 de junio de 2020

Nuestro Plan País (2020 – 2025) para transformar EE.UU.

Por: Mauricio Bustamante Rivero












A través del presente escrito, convocamos a toda la militancia progresista nacional e internacional, a una concentración en la histórica plaza “Liberty Park” de Manhattan – Nueva York, por dos motivos fundamentales: (1) La autoproclamación de un Presidente o Presidenta Encargada de EE.UU. y (2) la presentación de nuestro Plan País 2020 - 2025.

Definitivamente, muchos ciudadanos y cuidadanas podrían hacerlo mejor que Trump. Podríamos elegir a cualquier compañero o compañera que desde Mineápolis, Detroit, Oakland, Indianápolis, St. Louis, Chicago, Louisville, Davenport, Baltimore, Atlanta, Phoenix, Charlotte, Las Vegas, Filadelfia, Fort Lauderdale, San Francisco, Los Ángeles, Nashville, Salt Lake City, Nueva York, Washington, D.C., Miami, Portland (Oregón), Pittsburgh, Seattle y Tulsa, le mostraron al mundo que aún hay fuerzas y esperanzas de una transformación profunda en EE.UU. ¡GEORGE FLOYD: LA LUCHA SIGUE! ¡BLACK LIVES MATTER!

Que nadie se preocupe por los formalismos. El mismísimo gobierno de Mr. Trump reconocerá al movimiento. Ellos no dudan en vulnerar su propio “orden democrático” tal como lo conciben. Además, seremos muy indulgentes con Trump y podrá irse a México. Allá seguro sabrán tratarle con el mismo cariño y la misma deferencia que él tuvo con los niños, niñas, madres, padres y toda la población migrante.

¿Qué haremos por transformar EE.UU.? Veamos las principales propuestas de nuestro Plan País 2020 – 2025:

1.    Retiraremos todas nuestras tropas de Irak, Somalia, Libia, Yemen, Pakistán y Siria, para que esos países recuperen la soberanía sobre sus recursos naturales y esto les permita reconstruir sus naciones (toda la infraestructura vial, sanitaria, educativa e industrial destruida) posibilitando el regreso de los más de 10 millones de refugiados, inclusive profesionales y técnicos que migraron y significaron una pérdida enorme para el desarrollo de sus países, que durante la guerra tuvieron un retroceso en todos los indicadores de desarrollo humano. Romperemos relaciones con Israel y ya no respaldaremos el brutal ataque genocida contra el pueblo de Palestina, en el cual mueren centenares de personas diariamente.

2.    Restableceremos las relaciones internacionales bajo la premisa inequívoca de la diplomacia de los pueblos, con igualdad, reciprocidad y respeto a la soberanía de las naciones. En principio, se remitirán notas diplomáticas pidiendo sinceras disculpas y condolencias a Argentina, México, Nicaragua, Uruguay, Panamá, Paraguay, Chile, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Guatemala, Túnez, Japón, China, Angola, Corea, Indonesia, Camboya, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, Afganistán, Filipinas, Irak, Yemen, Pakistán y Siria, por las intervenciones militares que causaron la sensible muerte de sus connacionales y afectaron su desarrollo. En la misma línea, se enviarán notas a los países de Europa y América Latina pidiendo disculpas por la intervención y financiación de los golpes de Estado perpetrados militarmente y que dejaron miles de personas muertas, heridas, torturadas, exiliadas y desaparecidas. Por supuesto, suspenderemos el embargo a Cuba y realizaremos una propuesta de resarcimiento de daños, y levantaremos las sanciones irracionales impuestas actualmente contra Venezuela.

3.   Promoveremos un “Acuerdo Internacional por el Derecho a la Existencia de los Pueblos”, que congregue a todos los países para frenar en seco la carrera armamentística, la industria nuclear y la inversión en bombarderos estratégicos, cohetes crucero, portaviones nucleares y submarinos atómicos, para reinvertir esa cantidad monstruosa de dinero en el sistema universal de salud gratuita a prueba de cualquier pandemia, en el abastecimiento de los servicios básicos, en la compra de equipos agrícolas para la diversificación productiva con soberanía y seguridad alimentaria, en la alfabetización mundial y en la cultura de la paz.

4.    Nos convertiremos en un aliado del planeta y retomaremos el Acuerdo de París contra el cambio climático, cumpliendo con la reducción sostenida de gases de efecto invernadero en un 10% hasta el año 2050. Las fuerzas productivas se desarrollarán en base a la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, promoviendo los equilibrios necesarios para saber qué producir, qué consumir y de qué tipo de energía depender.

5.   Seremos un país soberano y por esa misma razón, respetuoso de los asuntos internos de otros países. Pero, si los emporios económicos internacionales insisten en mantener alianzas con las clases políticas que pregonan la guerra, declararemos el reclutamiento obligatorio, de tal suerte que a la guerra irán jóvenes entre dieciocho y veintiséis años de edad de todas las familias, incluidas aquellas que por sus ingresos forman parte del 5% de las rentas más altas. Si los ricos están de acuerdo con ir a la guerra físicamente, sería una gran sorpresa sin duda, pero no pasará.

6. Cambiará nuestra concepción de la democracia y con ello también el sistema electoral estadounidense. Con lo primero, se afirma con claridad que no se ejercerá más un modelo de democracia impuesto a bombazos en Oriente Medio, o a través de la injerencia en las elecciones de otros países. Con lo segundo, plantearemos un proceso participativo de discusión para la reforma del sistema electoral nacional, que tiene problemas evidentes porque quienes obtienen mayoría de votos de la población no resultan electos o electas.  

7.    En lo económico, seremos intolerantes con la avaricia y corrupción del 1% de banqueros que se apropia de la riqueza y seremos parte del 99% que plantea una revolución estructural que redistribuya la riqueza nacional de acuerdo a las necesidades de la población, evitando la trampa de las compañías que han ocasionado que treinta millones de personas lleguen a su tope de endeudamiento y se vayan ejecutando más de 3 millones de hipotecas y desalojo de hogares. Para superar la crisis económica desatada por el capitalismo, donde el COVID - 19 es un efecto perverso más, dinamizaremos el mercado interno y la inversión pública en los sectores estratégicos y en los sectores generadores de ingresos y empleo. Diversificaremos la economía, profundizaremos el apoyo a la agricultura orgánica, el turismo, la vivienda, el transporte y las artesanías. Asimismo, promoveremos transferencias condicionadas, incrementos salariales dignos y desarrollaremos formas de producción basadas en relaciones sociales que sustituyan el trabajo enajenado y erradiquen la explotación y el usufructo.

8.  Erradicaremos al Estado monocultural, colonial, discriminatorio, represivo y excluyente; y lo sustituiremos por un Estado plural e intercultural que respete los derechos de afrodescendientes, indígenas, blancos, estadounidenses de origen latino e hispano, reconociendo sus derechos y formas de autogobierno, en el marco de la  vigencia plena y respeto absoluto a los derechos humanos elementales como la vida, la integridad física individual y colectiva, la libertad de expresión, etc. 

9.     La salud y la educación serán asumidas como derechos fundamentales de las personas y no como privilegios del dinero, por lo cual serán gratuitas y de acceso universal, haciendo hincapié en la prevención en cuanto a salud y en la especialización educativa de acuerdo a las necesidades de desarrollo del país. Ampliaremos la capacidad de las bibliotecas físicas y virtuales en todas las escuelas y universidades, impulsando eventos académicos, lúdicos, culturales y deportivos abiertos a la población, que permitan a las personas leer, debatir y vivir preguntando y respondiendo sobre los problemas fundamentales de la sociedad. Somos el país más desarrollado del mundo y contamos con la tecnología más avanzada y mucho capital humano. Replicaremos el ejemplo de Cuba y pondremos a disposición de todos los países, brigadas solidarias para salvar vidas y equipos que impulsen la tecnología, la educación, el arte y la cultura.

10. Promoveremos un Estado despatriarcalizado que respete los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, que incida mundialmente en la erradicación de la violencia en razón de género, los feminicidios, los crímenes de odio, las violaciones sexuales y la trata y tráfico de personas. Asimismo, aprovecharemos lo que queda del bono demográfico para que la juventud no vaya a la guerra sino que acceda a un trabajo digno en los procesos de diversificación productiva, industrialización, reingeniería de los servicios de protección social, excavaciones de pozos para el abastecimiento de agua potable, planes de prevención y mitigación del cambio climático, aumento de la esperanza de vida, etc.

Después de muchos años de statu quo, es importante escribir otras líneas en nuestra historia. Vengan a la plaza y dejemos en cada palabra de estas propuestas, el testimonio de nuestra presencia y compromiso con la transformación. Tenemos la esperanza y, sobre todo, el deseo de acertar esta vez.

viernes, 12 de junio de 2020

El mito de la “revolución de las Pititas”

Por: Ángel Cahuapaza Mamani*

La “revolución de las Pititas” es el nombre general con el que se quiere hacer una historia inmediata del acontecimiento vivido entre octubre y noviembre de 2019. Después de seis meses de los hechos acaecidos, ya se escribieron varias publicaciones al respecto, queriendo narrar una “historia oficial” de los hechos desde la lógica de la clase media conservadora, racista y clasista (Pititas).

En todas las publicaciones que se realizaron, entre libros y artículos de opinión, se tiene una narración común de los acontecimientos y se maneja el discurso de que los hechos suscitados fueron por la lucha de “recuperación de la democracia” contra una “dictadura”, por una “revolución”, en contra de la “corrupción”, por la conquista de la “libertad de expresión”, en contra de un “fraude electoral”, y que la participación policial fue para unirse a esa “revolución” llevad adelante por los sectores urbanos representados por una clase media-alta que había quedado relegada del poder político por más de 13 años.

Dentro de este discurso oficial de historia inmediata narrado desde los Pititas, se quiere hacer creer que hubo una “revolución” y que las movilizaciones (bloqueos, marchas y cabildos en las principales ciudades capitales), encabezadas por sectores urbanos representados por una clase media-alta fueron una “revolución” de 21 días. No obstante, las revoluciones que se suscitaron en la historia produjeron varios cambios para toda una población o nación.

En ese sentido, entendemos por revolución a un cambio o transformación trascendental en el ámbito social, económico, cultural y religioso para toda una nación. Dentro de esta definición y revisando la historia, podríamos poner de ejemplo las grandes revoluciones que se produjeron en la historia, tal es el caso de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Soviética, la Revolución Mexicana para el contexto latinoamericano, o la Revolución de 1952 para el contexto boliviano.

Por lo tanto, los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019 no tuvieron nada de revolución, porque no beneficiaron a toda la población boliviana, solo fue un movimiento de una parte de la población, teniendo en cuenta que la población mayoritaria en Bolivia sigue siendo indígena y que el sector movilizado fue encabezado por el sector urbano que representó a la clase media y alta en general, que culminó con el cambio de un gobierno transitorio.

Entonces no podemos hablar de revolución ante un movimiento de élites que pregonaba el discurso de defensa de la democracia, lucha por la libertad de expresión, contra una dictadura, corrupción, tiranía, nepotismo; y que en el fondo tuvo un plan estratégico de asalto al poder político por parte de los sectores conservadores, racistas y clasistas que ostentaban hambre de poder, porque este les había sido arrebatado por un indígena hace más de 13 años.

De la misma forma, no hubo cambios económicos para la población boliviana, más al contrario el gobierno transitorio está quebrando la economía boliviana con los casos de ENTEL, YPFB, BOA y el caso de los respiradores. Tampoco hubo un cambio social, sino un cambio de poder político, lo que si quería imponerse es la religión católica, no respetando el estado laico que rige en la constitución política boliviana.

Por ende, no fue revolución lo que pasó en octubre y noviembre de 2019 en Bolivia, más al contrario, fue un asalto al poder político por parte del sector conservador, racista y clasista, que utilizó al movimiento de los Pititas con el apoyo de grupos paramilitares, la parcialización de la Policía y participación de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, los Pititas están representados por un gobierno transitorio, que en su accionar está haciendo todo lo que criticaban en su momento al gobierno anterior y que está lleno de corrupción en poco tiempo. Desmitificando uno de los mitos, podría afirmarse que no hubo revolución, más bien hubo un asalto al poder político para batir un récord de corrupción.

*Historiador

miércoles, 10 de junio de 2020

Estado Plurinacional: Culturas somos todos

Por: Juan Carlos Pinto Quintanilla

Cuando algunos gobiernos latinoamericanos crearon en sus gabinetes el ministerio de cultura, en temporales aperturas democráticas o bien en gobiernos de facto, lo hicieron bajo la perspectiva monocultural sobre la que se construía su imagen de Estado Nacional. Es decir, sostener la ideología de la colonización en nuestras sociedades, que las hagan lo más universales posible, y se acerquen a la idea de que lo “culto” es lo que el mundo colonial produjo, y nosotros debamos imitar lo mejor posible (a manera de ejemplo, la música culta es la música clásica del primer mundo).

En esa perspectiva colonial hasta ahora vigente, la cultura es una serie de lecturas, conocimientos y títulos que mientras más nos acercan al ideal  occidental del conocimiento, “nos hacen más cultos”. La contrabalanza se encontraba en la promoción de la folklorización de danzas y costumbres de los pueblos indígenas y originarios, que eran parte del plan económico vinculado al turismo. En definitiva el sentido de lo cultural en el mundo republicano y luego neoliberal, estaba dado por la promoción de “una sola cultura” que nos acerque de mejor manera al ideal del mestizaje, necesario para la construcción del Estado nacional, mientras se utilizaba como renta turística el folklore, considerado como un exotismo de “usos y costumbres de los indios” pero que para ellos, tenía muy poco que ver con la construcción del país y del Estado.

Tuvo que ocurrir una transformación social con el proceso de cambio, para que las culturas se hicieran parte del llamado Estado Plurinacional, para que los pueblos IOC impregnaran con su identidad los espacios públicos y de representación, para que empecemos a hablar de Culturas, en plural como buscando reivindicar la negación colonial de tantos años sobre la identidad de los pueblos indígenas. Y los pueblos diversos y plurinacionales invadieron los espacios exclusivos de la bolivianidad republicana y neoliberal, para sellar con su presencia el nuevo país que deseamos construir donde no se niega a nadie y todos están convocados a participar.

Pero esta irrupción cultural no tuvo un acompañamiento revolucionario por parte de la institucionalidad estatal del “Ministerio de Culturas”, que cumplió una labor de promoción hacia el mundo de la revolución que ocurría en Bolivia, del presidente indio que expresaba un modelo alternativo y complementario frente al mundo competitivo del mercado. Sin embargo hacia el país, hacia la plurinacionalidad en revolución, sólo tuvo un papel de organización de espectáculos y ceremonias, de legalización de políticas culturales que ponían vigentes las prácticas culturales antes negadas, más no el de detonar el potencial revolucionario de las culturas que hicieran justamente el que la revolución ideológicamente se definiera en las calles y en las cabezas como un acontecimiento cotidiano que se iniciaba y que no pararía; que le diera a los pueblos toda la palestra y apoyo para que su identidad impregnara al Estado Plurinacional, no sólo con su representación política, sino con todo su ajayu que nos muestre que no sólo vivíamos un cambio de gobierno sino un cambio de época en el que se expresara como la columna vertebral de la revolución.

Nunca terminaron de encontrarse en el Estado, las carteras de Descolonización y Culturas; la primera, cercada y aislada tal si fuera un “Ministerio de asuntos campesinos” del pasado dictatorial; y la segunda, ahogada en el escenario político, sin construir contenidos y menos políticas culturales que hagan de la revolución una movilización de la ciudadanía intercultural.

Tras el golpe, la cartera de Culturas volvió al viejo esquema republicano y neoliberal, de ser un espacio de uso político nombrando convenientemente a una dirigente de El Alto, cuya primera medida cultural fue la de hacer y reglar frazadas con su imagen estampada, o bien la de corromper a dirigentes alteños con ofrecimientos y prebendas, junto a la cantidad de parientes y dirigentes cooptados que llegaron para ocupar un puesto de trabajo en el ministerio.

Por eso no sorprende el que finalmente la presidenta de facto, siguiendo los lineamientos del FMI como condicionante para la obtención de los préstamos solicitados, hubiera decidido cerrar este ministerio junto al de deportes; tal como ya ocurriera con Macri en Argentina y con Bolsonaro en el Brasil. Las argumentaciones para tal cometido, son absolutamente ideológicas pues nos hablan de inoperancia y “gasto absurdo”, lo que es absolutamente coherente desde su perspectiva de creer que la inclusión cultural de las mayorías es un tema del MAS y no del país, pues “ellos” vuelven a reivindicar su colonialismo cultural respecto al primer mundo y todavía más con fuerte sesgo evangélico que expresa la religionización de la política,  como la única cultura a la que deberíamos someternos como Estado y como país (pues como dice la presidenta Añez, “eso del Estado Laico, es un invento del MAS para alejarnos de dios”), en una nueva cruzada evangélica que nos recuerda la llegada de los primeros evangelizadores-colonizadores al continente. 

Menuda tarea revolucionaria la que nos espera ahora, en medio de la pandemia y la crisis política, que se refiere no sólo a los gestores culturales que tenían o tuvieron relación con políticas culturales, o con la promoción turística del país, que es lo formal y que definitivamente se encontraba abandonada bajo la excusa de las prioridades estatales, pero que ha generado una reacción movilizada de estos actores sociales. Nos referimos sobre todo al desconocimiento de facto a la plurinacionalidad del Estado, a la construcción de la ciudadanía intercultural, a la ausencia del Estado en ese acompañamiento de construir juntos un nuevo país. Será pues una nueva bandera de lucha, quizás una de las más importantes para seguir, pues la realidad nos ha demostrado que sólo una revolución cultural e ideológica, descolonizadora,  podrá dar sustento a lo nuevo por construir. Podemos tener mejores condiciones de vida pero sino transformamos nuestra manera de relacionarnos, de convivir, de construir con el otro en condiciones de equidad, de Democracia Intercultural, de verdad que solo daremos lugar a más golpistas que solo buscan fomentar el racismo y la división entre los bolivianos.

lunes, 8 de junio de 2020

La Cultura no es despilfarro

Por: Verónica Córdova

Cuadro de Mamani Mamani, pintor boliviano.
Primero levantaron la cuarentena, con excepciones muy significativas. Mantuvieron la suspensión de actividades culturales, deportivas y políticas, al tiempo que autorizaron actos y ceremonias religiosas. La naturaleza discriminatoria de esta excepción no se le escapó ni siquiera a las autoridades eclesiásticas. ¿Será que los virus diferencian entre quienes se reúnen para rezar y quienes lo hacen para escuchar música? ¿Será que las necesidades espirituales, urgentes después del largo encierro, solo se reducen a ir a misa? ¿No es también alimento para el espíritu el teatro, el cine, la tertulia e incluso la reflexión política?

No contentos con discriminar a los artistas, su siguiente decisión es eliminar completamente el Ministerio de Culturas, fusionarlo con Educación, con Deportes, con cualquier cosa, borrando de un plumazo una conquista de décadas. Para ellos el arte es puro despilfarro, la identidad de nuestro país es tan útil como la bocina de un avión, el alma de Bolivia es un invento del Movimiento Al Socialismo y las instituciones creadas por los artistas para proteger su trabajo y estimular la creación son nada más que un gasto insulso.

¿Qué podemos decir ante esta nueva arbitrariedad, ante este despliegue de ignorancia, ante esta nueva manera de censurar y acallar las voces que podrían ser críticas? Eliminar el Ministerio de Culturas es una acción tan fascista como quemar libros en la plaza. Y lo hacen con el pretexto de ahorrar recursos. ¿Esos mismos recursos que derrocharon pagando sobreprecios en respiradores y en bombas lacrimógenas? ¿Esos mismos recursos que malgastaron en viajes en avión para festejar cumpleaños?

Dicen, para colmo, que eliminando el Ministerio de Culturas van a apuntalar la economía de las familias. ¿De qué familias? ¿De las suyas, como han hecho hasta ahora?

El arte es, debe ser, un artículo de primera necesidad, tanto en su consumo como en su producción. Durante la cuarentena, muchos encontramos consuelo y compañía en la música, los libros, las películas. Muchos artistas liberaron su trabajo en las redes sociales, hicieron actividades gratuitas, lanzaron convocatorias, aliviaron la pesada carga del aislamiento y el miedo. Y el Gobierno nos retribuye con discriminación, maltratos y finalmente borrando de un plumazo una institución que nadie “se inventó”: Nosotros la luchamos.

Esta semana circuló una solicitud de renuncia de la autoridad de Culturas, que firmamos cientos de artistas. Ahora, frente a este nuevo atropello, corresponde decir con claridad que no es solamente la Ministra de Culturas quien nos ha fallado en esta pandemia.

Es todo el gobierno de facto, que prioriza la represión antes que la salud; que utiliza la vida (y la muerte) de los bolivianos para tomar medidas que no le corresponden, afectando la economía y la biodiversidad del país en el largo plazo; que asumió el poder supuestamente defendiendo la democracia, y ahora se opone a la realización de elecciones. Ya no hay lugar para la duda, y hasta los más entusiastas pititas van a tener que preguntarse (si les queda un poco de honestidad y sangre en la cara): ¿Qué más se podía esperar de un gobierno que se hizo del poder sobre los cadáveres de decenas de compatriotas?

Nosotros, los artistas, no necesitamos de un Ministerio para componer, para filmar, para escribir, para pintar, para hacer danza, teatro, para —frente a todo obstáculo— seguir creando. Pero un país que no protege su cultura es un país sin alma, sin identidad, sin ajayu y, por tanto, sin futuro. Un Estado que no promueve el arte es un Estado muerto. Y un gobierno que considera la cultura un despilfarro, es un gobierno que no merece ningún respeto.

*Verónica Córdova, cineasta boliviana

martes, 26 de mayo de 2020

Consternados, rabiosos

Han pasado 64 días y ya la cuarentena se cae a pedazos, se filtra por mil huecos

POR: VERÓNICA CÓRDOVA*

LA JEUNE FILLE À LA FLEUR, MANIFESTACIÓN CONTRA LA GUERRA DE VIETNAM. WASHINGTON, 1967 © MARC RIBOUD, COLECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA VILLE DE PARIS.

La gris consternación viene del miedo, de la peste bordeando las esquinas, aislándonos en calles sin trabajo y casas sin pan, en rostros tapados y sin sonrisas. La consternación de no saber qué viene después de mañana, de no poder soñar, de no tener certezas. La consternación está en los hospitales, en el gemido inútil de las ambulancias, despertando a los viejos y haciendo que se asomen a las ventanas. La consternación está en las aulas vacías, en los changos prendidos al teléfono para encontrar una voz amiga, una semblanza de vida cotidiana.

Estamos consternados por ver a compatriotas peregrinar en busca de información, de ayuda y de justicia. Consternados sabiendo que lo que nos informan es solo la punta más pequeña de una enorme montaña. ¿Cuántos no saben que están enfermos? ¿Cuántos lo sospechan, pero se esconden temerosos de un sistema que, lejos de acoger y cuidar, te aísla, te estigmatiza, te maltrata y finalmente te desahucia a morir en soledad y a enterrarte en una indignidad clandestina?

Nos consterna la aparente inutilidad de nuestro enorme sacrificio. Llevamos 64 días sin trabajar, sin encontrarnos, aceptando con la cabeza baja un Estado de sitio disfrazado, y todo ¿para qué? Se supone que la cuarentena es una medida que permite aplanar la curva y ganar tiempo para estar listos cuando los casos nos desborden. Han pasado 64 días. Seguimos haciendo menos de 300 pruebas diarias (en un promedio generoso).

Seguimos sin insumos de bioseguridad. Los laboratorios públicos no funcionan (y los privados cobran lo que quieren). No hay respiradores de terapia intensiva. El número de médicos y enfermeras, que ya era insuficiente, disminuye: muchos han enfermado, algunos han muerto y otros han renunciado ante la enormidad del desafío y tener que enfrentarlo sin las condiciones adecuadas. Han pasado 64 días y ya la cuarentena se cae a pedazos, se filtra por mil huecos. No hay miedo lo suficientemente fuerte para contener la estampida.

Así estamos. Consternados, pero también rabiosos. La rabia de saber que nos ha tocado una de las peores crisis de la historia justo en un momento de inestabilidad, de división y de dictadura. La rabia de haber caído en manos ineptas, indolentes e ilegítimas en el momento en que más necesitábamos experiencia, unidad y certeza. Da rabia que nos amedrenten con aviones, tanques y metralletas. Da rabia que usen a Dios y a la Biblia para rociarnos desde el cielo con agua bendita, que hagan ayunos en lugar de gestionar la crisis de forma racional y organizada.

Da rabia que utilicen raseros diferentes para juzgar y castigar faltas similares. Da rabia que se entren a la casa de una familia y la saquen a rastras en medio de la noche por el supuesto crimen de celebrar un cumpleaños; mientras otros se publicitan rompiendo la cuarentena para “rezar” y hacer campaña. Da rabia que Tarija deba mandar a La Paz o a Santa Cruz sus pruebas de COVID-19 por tierra y esperar los resultados hasta una semana, mientras los aviones se usan para trasladar amistades, suegros e invitados a fiestas.

Da rabia que se aprese a alguien por difundir sus ideas, pero no se detenga ni investigue a quienes se atribuyen a sí mismos funciones policiales y se fotografían cargando bazucas y fusiles. Da rabia, mucha rabia, que después de repartirse empresas del Estado y llevarlas a la quiebra, ahora se atrevan a robarnos la salud y la esperanza. No solo compran sustitutos que los médicos se rehúsan a usar, sino que son capaces de lucrar con los que mueren asfixiados por falta de respiradores. Dijo el poeta que la plomiza consternación se nos irá pasando, pero la rabia quedará y se hará más limpia. Nos dará claridad para salir de esta pesadilla.

*Cineasta boliviana

sábado, 23 de mayo de 2020

EL AGRO-CAPITALISMO CRUCEÑO, ALOJADO EN EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN, APROVECHA LA CRISIS EPIDEMIOLÓGICA PARA APROBAR USO DE TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA


Por: Álvaro Céspedes Q.*


La situación de crisis que estamos atravesando a nivel global debido a la pandemia del COVID-19 ha develado el agotamiento de la crisis civilizatoria, los modos de consumo y producción que han ido arrasando con los recursos del planeta y han derivado en desequilibrios ambientales que están relacionados con la crisis epidemiológica del COVID-19. Se puede advertir que la crisis epidemiológica no es un grado más de la crisis ambiental, es el punto más crítico de la crisis ambiental[1]. Este momento que surcamos como humanidad proporciona una oportunidad de transformación, de construir nuevas relaciones más armónicas con la naturaleza que no estén definidas por la dominación y explotación utilitaria de recursos de la madre tierra, o seguir la incesante inercia social bajo el modelo de producción y consumo que nos impone el capitalismo, con sus visiones de desarrollo, progreso y modernidad, que están llevando a una terrible catástrofe socioambiental planetaria, la cual se vislumbra en la crisis climática global y próximas pandemias que transitaremos.  

También es importante destacar que esta crisis es “múltiple, generalizada, multifacética e interrelacionada, además de sistémica. Nunca afloraron tantos problemas simultáneamente, que rebasan lo sanitario, mostrando efectos en lo político, económico, ético, energético, alimentario y, por supuesto, cultural” (Acosta: 2020). En el campo político esta crisis esta provocando que las elites políticas y las clases dominantes aprovechen este momento de desarticulación y desorganización (aparente) de la sociedad civil, para promover políticas antipopulares que profundizaran las desigualdades socioeconómicas en gran parte de los territorios de la región en Latinoamérica y el planeta. Así mismo, el impacto de la pandemia en los sistemas políticos y la democracia en los países del mundo esta derivando en el auge de gobiernos autoritarios que bajo el discurso de la emergencia sanitaria utilizan discrecionalmente el ejercicio de la fuerza y la represión estatal para justificar la implementación de estas reformas.

Este fenómeno se ve reflejado en las prácticas gubernamentales que viene desarrollando el actual gobierno de transición en Bolivia, por un lado, de implementación de reformas orientadas a favorecer a sectores empresariales nacionales y transnacionales en desmedro de la salud, la soberanía y seguridad alimentaria de la sociedad boliviana y, por otro lado, un fuerte componente de uso de la violencia, a través, de las fuerzas del orden. Aunque es importante resaltar que el ejercicio desmedido de esta violencia estatal no surge de la crisis del COVID-19, sino es constitutivo en el proceso de consolidación de este gobierno[2].

Por otra parte, la aciaga gestión de la crisis sanitaria de este gobierno, que deriva en la crisis económica que vive el país, está acompañada de inoperancia en la gestión pública, desconocimiento de la realidad económica y en hechos de corrupción que están limitando las inversiones en este estado de situación[3]. En consecuencia estas acciones se están viendo reflejadas en la incapacidad para administrar adecuadamente esta crisis que está engendrando focos de protestas sociales en espacios urbanos y rurales del territorio nacional, donde el encierro domiciliario es insostenible para la supervivencia de estas poblaciones de bajos ingresos económicos, que en última instancia tienen como opción, o morir por el virus o morir de hambre.

En este escenario problemático las políticas asumidas por el gobierno transitorio tienden a profundizar la crisis en vez de mitigarla. Añez y representantes del agro negocio boliviano en palacio de gobierno  aprobaron el Decreto Supremo N° 4232 el pasado 8 de mayo de 2020, el cual autoriza establecer procedimientos abreviados para que el Comité Nacional de Bioseguridad evalúe en 10 días en primera instancia (hasta el 17 de mayo) y a partir de múltiples protestas suscitadas, definen ampliar el plazo a 40 días. Este decreto contempla la producción de 5 cultivos transgénicos, maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa[4]

El marco institucional en Bolivia para que empresas e instituciones puedan desarrollar la implementación de semillas transgénicas en cultivos agrícolas, está establecido en  Ley 1580 del 20 de Julio de 1994 y reglamentado en el Decreto Supremo 24676 del 21 de Julio de 1997.  Dentro de esta reglamentación, el Comité Nacional de Bioseguridad es un Comité Asesor conformado por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo, Salud y representantes del sistema universitario. Este comité mediante un proceso evaluación definirá, con “estudios en campo”, si pueden o no ser aplicados estos cultivos en el país. Aunque hay que destacar que este Comité de Bioseguridad está compuesto por funcionarios de estos Ministerios, los cuales se cambian frecuentemente y poseen filiación política[5], este aspecto sesga la objetividad al informe que emitirá dicho comité.

Las decisiones gubernamentales de proceder a la  implementación de semillas transgénicas en Bolivia no datan como antecedente en el decreto aprobado por el gobierno de Añez. Hay que mencionar algunos eventos en los últimos gobiernos que estuvieron en sintonía con políticas vinculadas al modelo del agronegocio soyero. El año 2005 “el gobierno del presidente Carlos Mesa aprobó la producción y comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato. Para ello tuvo que pedir a la policía que desaloje a periodistas y representantes de organizaciones campesinas que se hicieron presentes en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, durante la reunión del Comité de Bioseguridad, entidad responsable de tal aprobación” (Observatorio Cambio Climático y Desarrollo, 2015).

El Gobierno de Evo Morales no fue una excepción a la norma, éste no dudó en abandonar la agenda de la madre tierra y el vivir bien para enfrascarse en la lógica del extractivismo de los recursos naturales y el extractivismo agrario como componente estructural del Nuevo Régimen Agroalimentario Mundial[6]. Un indicador de estas acciones se pueden observar en las relaciones de pugna política y oposición que estableció en el primer periodo de gestión de gobierno (2006-2009) con estas elites políticas y económicas cruceñas afines a la agroindustria; estas pueden ser comparadas en un segundo periodo de gobierno donde se establece “una aparente alianza iniciada entre los años 2013 y 2014” (Economía Bolivia, 2013; Ortiz, 2013 citado en Mckay 2018). Desde este momento se vio a Morales participando de reuniones y eventos con las asociaciones que representan a la agroindustria, como son la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).

Las buenas relaciones que establecieron Morales con el empresariado agroindustrial cruceño derivaron en políticas que favorecieron a este sector; como promover la ampliación de la frontera agrícola “en 250.000 hectáreas adicionales a las 1.300.000 hectáreas que ya tienen actividad con el sembradío de soya transgénica desde el año 2004” (Erbol, 2020). “Además de intensificar la generalizada extracción de los recursos naturales, es decir, no solo gas y minerales, sino de productos agropecuarios […]  Este modelo extractivista y latifundista no solo devasta la naturaleza sino que socava las bases institucionales y democráticas de la sociedad boliviana” (Urioste, 2018: 5-6 citado en  McKay, 2018).

La ampliación de la frontera agrícola para producción de soya transgénica, fue acompañada de la “autorización de forma excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad evaluar y aprobar el uso de los “eventos transgénicos” soya HB4 y soya Intacta Pro para su uso en la producción de biocombustibles y le dio un plazo de 60 días” (Opinión, 2020). En ese sentido, el Decreto Supremo N° 3874 aprobado por Morales el 18 de abril de 2019 intentó implementar nuevos eventos transgénicos, aplacados en su momento por múltiples protestas sociales que impidieron su progreso.

Lo que se distingue de estas gestiones gubernamentales, sean tendientes al liberalismo o progresistas, es que sin distinción alguna, han dado lugar a que el modelo agroindustrial se consolide en una alianza capital-Estado. En el periodo del MAS le permitió tener el control sobre el aparato estatal (lo que también se repite con el gobierno de Añez) y en relación al “sector agro-capitalista conservar el control sobre el complejo soyero” (Ídem, 2018). Lo que se evidencia es un continuum en la política agraria extractivista, Morales con su retórica contradictoria de Revolución Agraria, Soberanía Alimentaria y ley de la Madre Tierra, ahora Añez en asociación con el empresariado cruceño, pretenden introducir la producción de semillas transgénicas bajo el pretexto de robustecer la seguridad alimentaria en el país y generar mayor crecimiento económico. Aunque hay que subrayar que por el contrario a este criterio, la situación del agronegocio soyero tiene grandes problemas, uno de ellos es la viabilidad económica de este modelo[7], este argumento tiene una base bien sustentada en trabajos de investigación y estudios sobre el complejo soyero en Bolivia.     

Partiendo de la tesis que este modelo está en crisis en Bolivia por diversidad de problemas que presenta en su estructura de acumulación y las externalidades que genera, se expone a continuación algunos elementos que sostienen dicha afirmación[8]. El agro negocio carece de capacidad para industrializar la soya que produce, porque lo que en realidad exporta es materia prima semiprocesada en grandes volúmenes y por tanto no agrega valor a su producción. La ausencia de este componente es el que desencadena en las desarticulaciones intersectoriales complementarias que deberían estar insertadas en el procesamiento industrial, así mismo, la manufactura crea empleos mediante esta vinculación intersectorial, la soya semiprocesada que se exporta no produce estas articulaciones.

Este modelo extractivista produce alta concentración en la cadena de valor, donde la mayoría de los componentes de esta cadena no se producen en Bolivia. El 70% de la tenencia de la tierra está en manos del 2 % de propietarios medianos y grandes, tener el control de la tierra significa tener el control sobre el elemento de producción donde se realiza la soya y la plusvalía. Solo 4 empresas extranjeras[9] controlan el 85% del mercado de soya en Bolivia y los insumos como semillas, maquinarias y agro-químicos que deben ser importados de China, Brasil y otros países. Por tanto, es un modelo altamente dependiente del agronegocio transnacional, donde la mayor parte de beneficios económicos ni si quiera se quedan en el país.

En términos ambientales la producción de soya de base transgénica origina severas consecuencias como daño de suelos, deforestación indiscriminada, pérdida de biodiversidad,  disminución de la fertilidad, erosión de los suelos y contaminación de las fuentes de agua. “Desde la legalización de las semillas transgénicas, la cantidad de agroquímicos utilizados en la producción ha superado con creces a la superficie cultivada. […] Además que producen nuevos tipos de malezas y plagas que amenazan sus cultivos, por lo que  requieren nuevos tipos de herbicidas y pesticidas”. (Ídem, 2018). Estas condiciones afectan principalmente a los pequeños productores soyeros que por falta de maquinarias, insuficiencia económica para comprar semillas de calidad y agroquímicos, sumados a la ubicación y calidad de las tierras que poseen, hace que se encuentren en menor capacidad de producir y competir en las mismas condiciones que los grandes productores de soya. Igualmente la degradación ecológica y erosión que sufren estos suelos, consolida un sistema de ocupación constante y progresivo de nuevas tierras para la agroindustria, que impulsa la expansión de la frontera agrícola hacia áreas protegidas y territorios indígenas de forma ilícita[10].

En definitiva el modelo agroindustrial de base transgénica es depredador en esencia y no puede ser sustentable “cuando no puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que produzca la escasez de recursos existentes. Además, conduce a una generalización de la pobreza y crisis económicas recurrentes” (Acosta, 2011: 87). Esta aseveración se aplica a los procesos de deforestación, que no solo están provocando pérdida de la biodiversidad o efectos ambientales adversos en estos espacios, también derivan en impactos que se producen en las comunidades indígenas que dependen del bosque para su sustento. Los pueblos indígenas de Lomerío, Guarayo e Isoso son los más afectados, puesto que se encuentran alrededor de la expansión de la frontera agrícola soyera; bajo estas condiciones, condenados a la pobreza y en un futuro abandonar sus territorios destruidos por el desarrollo agroindustrial.

Por otra parte, no existen muchas oportunidades laborales que el agronegocio pueda aportar al país. Esta forma de producción al ser mecanizada requiere menos fuerza laboral, además, de estar inserta dentro de una economía desarticulada sectorial y socialmente. Según un estudio realizado por la Fundación Tierra el sector agropecuario solamente emplea 32.000 personas, dato abismal que se contrasta frente al criterio que defiende la agroindustria, el cual dice aportar al país con 1.000.000 de empleos directos e indirectos[11].

Un último aspecto que hay que considerar, a partir de los argumentos que se despliegan de las voces que surgen de este sector, que hablan de los grandes beneficios económicos que la agroindustria aporta al país por concepto de renta o tributos fiscales provenientes de la exportación de soya. Es necesario esclarecer que “en Bolivia el Estado no recibe un solo centavo como impuesto específico gravado al extractivismo agrario, ni ingresos del impuesto a la propiedad de la tierra de los grandes terratenientes[12] y, lo que es peor, en la última década las importaciones de alimentos se han casi triplicado. […] Al contrario, el Estado subvenciona el “modelo” a través de los subsidios a los combustibles, la construcción de carreteras, la ausencia de una regulación laboral que defienda los intereses de los trabajadores agrícolas asalariados – que en la práctica equivalen a los peones de antes de la reforma agraria de 1953” (Urioste, 2018: 5, citado en  McKay, 2018). Se debería continuar dando concesiones y beneficios a un modelo que en vez de traerle beneficio al país, le trae grandes problemas, bajo estas evidencias ¿no cabe más bien echar por la borda este modelo agro-extractivista?.

*Sociólogo, actualmente es Técnico del Centro Latinoamericano sobre Población (CELAP), coordinador y docente del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón.


[1] Enrique Leff en los conversatorios organizados por CLACSO el 14 de mayo de 2020, sobre Ecología Política de las pandemias, Cuarto Conversatorio, alternativas poscovid: agroecología, educación ambiental y territorios en r-existencia. Afirma que la humanidad al haber sido arrastrada por un modo de comprensión del mundo y que ha derivado en un modo de intervención, pero de intervención drástica, totalitaria y brutal, una intervención sobre los cursos de la vida. La crisis epidemiológica ha sido la liberación de los virus, que han estado hospedados por células de organismos vivos por tanto tiempo como ha habido vida en el planeta. No es un fenómeno natural, aquí hay un fenómeno de los modos y del grado de intervención de la humanidad, por lo que se volvió el modelo o régimen ontológico dominante-hegemónico, que es el motor de la historia, es decir, el régimen del capital.

[2] El ejercicio de la fuerza por parte del gobierno de transición se ha ido manifestado desde los acontecimientos ocurridos en noviembre de 2019, tras la llegada de Áñez a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, se produjeron las masacres en las localidades de Sacaba (Ciudad de Cochabamba) y Senkata (Ciudad de El Alto), donde los habitantes  de estas localidades fueron reprimidos por fuerzas militares y policiales, dejando un saldo de 37 muertos y 500 heridos.

[3] En estos seis meses de gestión se han desatado innumerables hechos de corrupción en distintos ministerios. Los hechos de corrupción que tuvieron mayor repercusión: (1) En Entel casos referidos a los finiquitos, aumento de salarios y compra con sobreprecio de fibra óptica, (2) En relación a YPFB el sobreprecio en la compra de diésel, sobreprecio en almuerzos de trabajadores y seguro por millones de dólares, (3) venta de cargos en ministerios, (4) uso indebido de bienes del Estado, (5) compra de respiradores para hospitales con un sobreprecio de cuatro veces el valor de su costo en el mercado y que no tienen mucha utilidad para pacientes que ingresan en terapia intensiva. Estos son algunos de los casos más llamativos que fueron denunciados en medios de comunicación y por ciudadanos en redes sociales.

[4] En una perspectiva irresponsable pretenden introducir en el consumo alimentario de las familias bolivianas productos transgénicos como el trigo o el maíz. En el caso del trigo, siendo el segundo cultivo básico y más sembrado a nivel global, ningún país se ha atrevido a aprobar la producción y comercialización de trigo transgénico por ser un producto de consumo diario y de primera necesidad de las familias, lo cual podría conducir graves problemas a la salud de sus poblaciones.

[5] Algunos representantes de los Ministerios que conforman actualmente el Comité Nacional de Bioseguridad tienen una estrecha vinculación con el empresariado cruceño. Oscar Ortiz, actual ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, fue exgerente de Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO); Beatriz Eliane Capobianco, actual  ministra de Desarrollo Rural y Tierras, ex-asesora de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), así como también fue la asesora de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ).

[6] Modelo que rompe la relación de unicidad entre hombre-suelo-herramienta-identidad-cultura […] El agroextractivismo como agricultura dominante y en expansión en el mundo, y ahora en Bolivia, funciona en redes con múltiples actores, financieros  científicos, tecnológicos, productivos, comerciales y políticos, y miles de millones de consumidores de commodities transformados industrialmente en alimentos procesados (Urioste, 2018: 5, citado en  McKay, 2018).

[7] La capacidad de productividad agrícola de la agro industria cruceña es la más baja de la región, 3.000.000 de toneladas métricas año, está muy por debajo comparados con el agronegocio soyero de países como Paraguay 9.400.000 toneladas métricas año, Argentina 57.000.000 toneladas métricas año y Brasil 107.000.000 de toneladas métricas año, datos correspondientes alobservatoriosoja.org periodo 2016. Este factor determina la baja competitividad en el mercado internacional, adicionalmente a que la soya semiprocesada que exporta la agroindustria cruceña disminuye el valor económico de los ingresos que podría recibir si se industrializan estos procesos.

[8] Ben Mckay en el libro Extractivismo agrario: Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia y en la Memoria de la Conferencia 2018: Madre Tierra. La agenda abandonada, causas y consecuencias, el autor define cuatro características de este modelo extractivista de agricultura capitalista, características de un modelo en crisis que se desarrollaran en las siguientes líneas.  

[9] Acción por la Biodiversidad en el Atlas del Agronegocio transgénico en el Cono Sur, señala que las transnacionales propietarias de las semillas que monopolizan este negoció en el mundo son Bayer-Monsanto (44%), Syngenta (17%), Dow (17%) y Dupont (16%) y otras (6%). 

[10] Con un incremento del  200% de deforestación desde 2015, el país experimenta un vertiginoso viraje de régimen forestal a régimen agrario. La mitad de la deforestación se hace de manera ilegal. Santa Cruz es el departamento que pierde más bosque. (Méndez, 2019).

[11] Los tiempos. Transgénicos: ¿Problema o solución? Debate realizado el pasado 14 de mayo de 2020 entre el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano y el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.

[12] El sector agroindustrial mediano y grande, está sujeto al Régimen Agropecuario Unificado, el cual establece la base imponible a partir de la superficie afectada a la actividad agrícola o pecuaria, debiendo pagarse las cuotas fijas por hectárea cada año, hasta la gestión 2015: 26,44 bolivianos por hectárea para actividad agrícola y 1,94 bolivianos por hectárea para actividad pecuaria. 


Referencias bibliográficas
ACCION POR LA BIODIVERSIDAD. (2020). Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. Ed. Misereor, Buenos Aires-Argentina.

ACOSTA Alberto. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Más allá del desarrollo. Ed. Fundación Rosa Luxemburgo, Quito-Ecuador.

ACOSTA Alberto. (2020). Reecuentro con la Madre Tierra: tarea urgente para enfrentar las pandemias, en Diario El Salto.

CEDIB. (2017). Los organismos genéticamente modificados y los agrotóxicos, Diario El Deber.

ERBOL. (2020). FUNDACIÓN TIERRA, Denuncian “descarada” privatización de tierras fiscales en favor del agro cruceño.

LOS TIEMPOS. (2020). Transgénicos: ¿Problema o solución?

OPINIÓN. (2020). ¿Qué respondieron Evo y Áñez a los pedidos de evaluar semillas de soya transgénica?

MCKAY M. Ben. (2018). Extractivismo Agrario, dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. Fundación Tierra,  La Paz-Bolivia.

MENDEZ Carolina (2019). Con 200% de deforestación, Bolivia cambia bosques por la agroindustria. Diario Página Siete.

OBSERVATORIO CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO. (2015). 7 datos que debes saber sobre los transgénicos en Bolivia.
https://obccd.org/2015/04/21/7-datos-que-debes-saber-sobre-los-transgenicos-en-bolivia

TIERRA (2019). Memoria Conferencia 2018: Madre Tierra. La agenda abandona, causas y consecuencias. Ed. Fundación Tierra, La Paz-Bolivia.

viernes, 22 de mayo de 2020

¿LOS TRANSGÉNICOS SON PELIGROSOS?

El Decreto Supremo Nº 4232 emitido por el gobierno transitorio de Bolivia, autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
A propósito de esta norma 'pro transgénicos' que amenaza la seguridad y soberanía alimentaria nacional, compartimos vía CuriosaMente, un video muy ilustrativo que responde a la pregunta ¿LOS TRANSGÉNICOS SON PELIGROSOS?
#TengoAlgoQueDecirte:MiraElVideo